La exclusión residencial puede definirse como aquella situación en la que una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas de vivienda. Sin embargo, poder acceder o no a un alojamiento no es el único elemento que la configura: la adecuación de la vivienda, su calidad, la seguridad en el pago del alquiler, de la hipoteca y/o de los suministros, la asequibilidad, las condiciones de habitabilidad (luz, ventilación, espacio útil o hacinamiento, entre otras) y su accesibilidad, también son determinantes de la exclusión residencial.
El grave problema de la vivienda y la falta de vivienda asequible en los últimos años ha dado lugar a una situación en la que el empleo ya no es el único factor determinante de la exclusión. Esto se debe a que acceder al mercado laboral ya no asegura poder disponer de una vivienda adecuada. Así, la vivienda se ha convertido en un elemento decisivo en los procesos de exclusión social; y actualmente supone el principal gasto para las familias en España: en 2022 (según la Encuesta de Presupuestos Familiares) cada hogar destinó de media 10.243 euros a pagar la hipoteca o alquiler de su casa y las facturas de la luz, el gas, el agua y otros combustibles, la mayor cifra desde que se recopilan datos. Esto obliga a que las respuestas para atajarla deban ser estructurales y multifactoriales, además de dirigirse a las causas.
El alcance de la exclusión residencial
Según datos de EAPN, en España el 23,7% de la población está afectada por algún indicador de exclusión residencial, lo que se traduce en alrededor de 11 millones de personas con problemas para acceder o mantener su vivienda en condiciones adecuadas. Y en 2018, un 9,5% de los hogares tenía unos ingresos inferiores al umbral de pobreza extrema una vez satisfechos los costes de su vivienda (FOESSA).
En este sentido, quienes presentan una mayor vulnerabilidad vinculada al coste de la vivienda son las personas que viven solas y las personas solas con hijos a su cargo. Este hecho afecta especialmente a las mujeres, ya que el 81,35% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres; y casi 1 de cada 5 de estos hogares encabezados por mujeres se encuentran en el umbral de la pobreza severa tras haber pagado su vivienda, atendiendo a los datos proporcionados por el Observatorio de Vivienda Asequible.
El constante aumento de los precios del alquiler ha dado lugar a que en todas las comunidades autónomas los gastos del alquiler superen el 30% del salario, llegando al 60% en zonas como la Comunidad de Madrid, según indica este mismo Observatorio. En paralelo, el aumento de los tipos de interés para contener la inflación ha derivado en un aumento de entre 150 y 200€ mensuales de la cuota hipotecaria, lo que pone en una situación de grave dificultad económica a muchas familias. Esto afecta también al pago de otras facturas, ya que casi un 10% de la población en españa ha tenido algún retraso en el pago de los suministros básicos de la vivienda.
Otro grave efecto está siendo el elevado número de desahucios que se producen día a día, que está volviendo a aumentar tras las medidas extraordinarias interpuestas durante la crisis de la COVID-19. Concretamente, con los datos proporcionados por el CGPJ, en 2022, se produjeron 38.266 desahucios, de los cuales el 71,95% derivaron del impago de alquileres.
Por su parte, el sinhogarismo, como la cara más extrema de la exclusión, ha aumentado casi un 25% en los últimos 10 años. En España, según datos del INE, hay 28.552 personas en situación de sinhogarismo, aunque según cálculos de HOGAR SÍ, esta cifra puede aumentar hasta las 37.000. La imposibilidad de mantener una vivienda es uno de los principales motivos por los que se vieron abocados a esta situación, ya sea por un desahucio, por no poder seguir pagando el alojamiento, por finalización del contrato de alquiler o porque el edificio se encontraba en ruinas. En consecuencia, las propias personas encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística consideran que acceder a una vivienda o habitación sería necesaria para abandonar esta situación, seguida de acceder a un empleo; consolidándose los factores estructurales como los que principalmente determinan esta realidad.
Algunas soluciones
Ante estas graves consecuencias desencadenadas por la exclusión residencial, nos encontramos en un escenario de riesgo y fuerte inseguridad en el cada vez hay más personas afectadas. En este contexto, la aplicación de medidas multifactoriales e integrales, que aborden tanto las situaciones de emergencia que sufren las familias como los problemas estructurales, se alzan como la única vía posible para abordar el problema:
- Instrumentos presupuestarios y normativos que aseguren la función social de la vivienda.
- Aumento de la vivienda social y asequible.
- Ayudas para evitar la pérdida de vivienda.
- Medias estructurales que eviten los cortes de suministros.
- Mejorar la calidad y accesibilidad de las viviendas, evitando el aumento de precios.
- Fomento del empleo inclusivo y reducción de la brecha salarial.
- Prevención del sinhogarismo.
- Transformación del sistema de atención a las personas sin hogar, asegurando soluciones de vivienda junto a la diversificación de recursos para realizar un acompañamiento centrado en las necesidades de cada persona.
Aunque el acercamiento a la solución de la exclusión residencial es complejo, es urgente comenzar a implementar medidas para reducir las desigualdades para asegurar que todas las personas acceden a una vivienda adecuada.
Alba González, técnica de incidencia de la Asociación Provivienda.
