Desde HOGAR SÍ y Provivienda manifestamos que valoramos muy positivamente la iniciativa de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, que establece un marco de trabajo general y homogéneo en el avance de la garantía de un hogar adecuado, así como en el establecimiento y producción de políticas de vivienda.
El anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda recoge cuestiones clave para generar una política de vivienda asequible orientada a combatir la discriminación y la desigualdad, así como a prevenir y solucionar la exclusión residencial. No obstante, cuando entramos en materia en el propio objeto y desarrollo de la norma, la concreción del grado de impacto de esta política de vivienda inclusiva que se adelanta en el preámbulo es mucho menor de lo esperable. A modo de ejemplo, es especialmente llamativo que las referencias al sinhogarismo se reducen prácticamente a una mención relativamente vaga en el artículo 14 de la ley.
Aún hay margen de mejora en lo que respecta a la erradicación del sinhogarismo y a la prevención de la exclusión residencial. Deberían contemplarse medidas específicas destinadas a estos fines.
Como puntos positivos, destacamos la importancia que se le da al Tercer Sector en la colaboración para la generación de vivienda asequible y la gestión de la vivienda social, articulando su papel como clave tanto en el seguimiento de políticas como en la provisión de vivienda asequible, integrando así el sector del no lucro o lucro limitado en la aportación de soluciones y avanzando en el modelo de Housing Associations europeo.
Asimismo, la conceptualización de diferentes tipos de vivienda sometida a régimen especial (vivienda social / Vivienda protegida a precio limitado / Vivienda asequible incentivada), flexibiliza las opciones para la provisión de vivienda según diferentes estrategias, que puede mejorar el aporte de soluciones a la exclusión residencial. Por su parte, el establecimiento de las políticas de vivienda como un “servicio de interés general”, resulta fundamental de cara a considerar éstas como un elemento clave de la cohesión económica y social, avanzando en la idea de la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.
Por el contrario, como puntos de mejora, esta norma apenas incorpora de forma explícita actuaciones integrales vinculadas con la erradicación del sinhogarismo o con la prevención de la exclusión residencial, sino que estas cuestiones aparecen vagamente en el texto. En este sentido, las vinculaciones entre Servicios Sociales y vivienda deberían concretarse en mayor grado a lo que incorpora esta ley, ya que circunscribe dicha coordinación a la paralización de los procesos judiciales en el caso de desahucio de personas en situación de especial vulnerabilidad.
Por su parte, si bien la generación de un mecanismo de limitación de rentas con respecto a los mercados de alquiler tensionados es un avance que permite actuar sobre el corto plazo en los problemas de asequibilidad, generando una suerte de “cortafuegos” temporal en el proceso de la ampliación del parque de vivienda asequible, el procedimiento que se presenta es indeterminado, poco transparente y, en cierto modo, burocrático: la poca concreción de estas cuestiones puede derivar en problemas de inseguridad jurídica que afecten a la puesta en marcha de la medida así como a su propia efectividad en el corto plazo.
Por último, aunque valoramos muy positivamente la incorporación del Tercer Sector como actor clave en la provisión de vivienda asequible, no acaban de concretarse los mecanismos por los cuales se incentive la participación del sector sin ánimo de lucro en la política de vivienda, más allá de la bonificación del 70% del IRPF cuando la arrendataria sea una entidad sin ánimo de lucro.
